La UGT-PV destaca que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al segundo trimestre del año en la Comunitat Valenciana son claramente negativos ya que se produce un aumento del desempleo en 18.600 personas, hasta situarse en 601.700 personas sin empleo, alcanzando la tasa de paro del 23,83%. Estos datos sitúan a la Comunitat Valenciana como la tercera autonomía con la tasa de desempleo más elevada de toda España (la media de España es del 20,09%), superándonos tan sólo Andalucía y Canarias, ambas autonomías con una estructura productiva totalmente diferente a la valenciana.
La radiografía del mercado de trabajo de la Comunitat, apunta la UGT-PV, es completamente divergente a la del conjunto del Estado. Si los datos en España en este trimestre muestran una creación de empleo, aumentando el número de ocupados y la población activa, en la Comunitat Valenciana por el contrario se destruye empleo, con un descenso en la ocupación de 24.400 personas en estos tres meses, lo que genera una disminución de la población activa.
La UGT-PV pone el acento de estos datos en las familias valencianas que tienen todos sus miembros en situación de desempleo, que ya representan el 12,25% de los hogares, un porcentaje que supera en más de dos puntos a la media en España. Además, el 30% de los parados valencianos no obtiene ninguna ayuda, y de los que acceden a una prestación por desempleo casi el 64%, 300.000 personas, ingresan tan sólo la ayuda de 420 euros a desempleados que han agotado su prestación.
En este segundo trimestre del año se ha producido un fuerte aumento de los parados de larga duración, en 34.000 personas en la Comunitat, parados que llevan más de un año en el desempleo, y casi suponen el 47% del total de desempleados valencianos. Los datos del paro en las mujeres muestran también un fuerte aumento, ya que en estos meses de cada 10 parados nuevos, 7 son mujeres.
Para la UGT-PV, con estos datos sobre la mesa, es evidente que las medidas que se están tomando por parte de las diferentes administraciones de reducción drástica e injustificada del déficit público no contribuyen en absoluto a relanzar el crecimiento económico ni a la creación de empleo estable y con derechos.
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