La UGT-PV denuncia que desde que en 2007 se pusiera en marcha la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana el compromiso de la Generalitat no ha estado a la altura de las necesidades de las personas en situación de dependencia ni con sus familias. La Comunitat Valenciana no sólo es una de las autonomías del furgón de cola en cuanto a grado de efectividad en la aplicación de la Ley, sino también en el retraso en las resoluciones o en el no reconocimiento de la retroactividad, por ejemplo.
Con la actual crisis, la Generalitat ha decidido recortar su presupuesto de las partidas dedicadas a los temas de política social, servicios sociales y dependencia, por lo que las subvenciones que recibían las residencias del Plan de Accesibilidad Social se encuentran en peligro. Además, en la Comunitat existe una escasa red pública de residencias para personas en situación de dependencia, por lo que se llega a un concierto con las residencias privadas, que son bastante más numerosas en nuestro territorio. Así, la UGT-PV recuerda que el precio de una residencia privada suele ser una media de 2000 euros, lo que supone un coste muy elevado que muchas familias no se pueden permitir. Con el Plan de Accesibilidad Social se permitió que la Generalitat pagara el 80% del coste y el 20% restante lo asumiera la persona usuaria. En la práctica, ese sistema venía a refrendar que los fondos públicos acaben en empresas privadas en lugar de crear servicios públicos.
Con la aplicación de la Ley de Dependencia, la Generalitat no tiene que afrontar sola ese coste del 80%, sino que es el Estado quien le financia el 50% (mitad Gobierno central, mitad Gobierno autonómico), una financiación que siempre se ha recibido puntualmente desde 2007 a través de los Convenios firmados por ambas partes.
No sólo el déficit presupuestario de la Conselleria afecta a las 1800 personas de plazas concertadas y a sus familias, sino también a las personas que trabajan en los centros residenciales privados, alrededor de 900, que pueden ver como pierden su puesto de trabajo. Recordamos que el sector de atención a la dependencia es intensivo en mano de obra, con una proyección de crear unos 30.000 puestos de trabajo directos en el total del Estado Español, lo que supone una importante apuesta en tiempos de crisis y de escasez de empleo. Desde nuestra organización entendemos que la apuesta por la consolidación y la ampliación del Estado de Bienestar es también una apuesta por el empleo, y el sector de la dependencia es uno de los mayores yacimientos de empleo.
Desde la UGT-PV no podemos permitir que los recortes financieros del Consell se dirijan hacia las personas más vulnerables, a las personas en situación de dependencia que tienen reconocido un derecho subjetivo y que en la mayoría de casos sus pensiones son tan mínimas que nos les permiten costearse una plaza en una residencia privada. Desde UGT-PV denunciamos cualquier recorte de derechos para las personas que se encuentran en situación de dependencia y sus familias, así como para los trabajadores y las trabajadoras que los atienden. No es de recibo la alarma creada estos días al respecto. Esperemos que el Consell cumpla con su palabra.
http://www.ugt-pv.es/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=5395:ugt-pv-denuncia-el-nulo-compromiso-de-la-generalitat-en-la-aplicacion-de-la-ley-de-la-dependencia&catid=90:serveis-socials-documents-i-notes&Itemid=429
