UGT apuesta por reforzar los Servicios Públicos de Empleo, invertir más y mejor para acercarnos a la media europea, en vez de dejar a los desempleados, como plantea la reforma laboral del Gobierno, a merced de las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro, a las que cede la intermediación laboral. El sindicato viene denunciando, desde hace tiempo, que mientras en Europa hay un empleado de los Servicios de Empleo Público por cada 50 personas desempleadas, en España hay una por cada 200 personas, aproximadamente. Asimismo, advierte sobre la potestad que les atribuye a estas agencias privadas de colocación para que, si el parado no cumple con los requerimientos que se le exigen, puedan incluso determinar la pérdida de la prestación del mismo, una potestad que hasta ahora y conforme a la legislación sólo correspondía a los Servicios Públicos de Empleo.
El Gobierno ha privatizado el desempleo en este país al ceder la intermediación laboral a las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro, que tendrán además competencias que afectarán a las prestaciones de desempleo de los trabajadores. En este sentido, previo convenio de colaboración con los Servicios Públicos de Empleo, tendrán las siguientes competencias:
El control del trabajador que percibe prestaciones por desempleo. Deberá acudir cuando lo requiera la agencia privada y acreditar que ha comparecido en el lugar y fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo si no desea incurrir en una infracción.
Determinar los trabajos de colaboración social, programas de empleo o acciones de promoción, formación o reconversión profesionales que debe realizar el desempleado beneficiario de prestaciones. En caso contrario, podrá incurrir en infracción grave, con la consiguiente pérdida o extinción de las prestaciones por desempleo.
Determinar cuál es la oferta de empleo adecuada que el desempleado está obligado a aceptar y cuyo rechazo conlleva la pérdida o extinción de las prestaciones por desempleo.
A juicio de UGT, el Gobierno en lugar de modernizar y reforzar los Servicios Públicos de Empleo, tal y como le viene pidiendo desde hace tiempo (En Europa, hay un empleado de los SPES por cada 50 personas desempleadas, mientras en España hay uno por cada 200 personas) ha optado por el atajo, haciendo más vulnerables a los trabajadores desempleados, que pasan a ser objeto de negocio.
http://www.ugt.es/comunicados/2010/agosto/a06082010.html
