El Gobierno ha privatizado el desempleo al eliminar todas las limitaciones o prohibiciones vigentes con respecto a la actuación de las empresas de trabajo temporal (ETT), una de las medidas lesivas para los trabajadores contenidas en el Real Decreto-ley 10/2010, del 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. UGT considera que el Gobierno ha optado por el camino fácil de ceder a la gestión privada con ánimo de lucro la intermediación laboral, en lugar de apostar por reforzar y modernizar los Servicios Públicos de Empleo. El resultado es que se hará negocio con las personas desempleadas. Asimismo, pone en duda el posible control de la actuación de estas empresas y alerta sobre la intromisión de las mismas en los sectores de riesgo y en el sector público.
El Gobierno ha privatizado el desempleo en este país al eliminar todas las limitaciones o prohibiciones vigentes con respecto a la actuación de las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs). Esta medida merma el papel de los Servicios Públicos de Empleo (SPPE) en favor de la gestión privada con ánimo de lucro, es decir, se va a hacer negocio con las personas desempleadas.
UGT considera que éste es el resultado de algo que venía denunciando, desde hace tiempo, sobre la necesidad de más atención e inversión para los Servicios Públicos de Empleo en nuestro país. Así, mientras en Europa hay un empleado de los Servicios de Empleo Público por cada 50 personas desempleadas, en España hay uno por cada 200 personas, aproximadamente. El Gobierno en lugar de acometer la inversión necesaria para modernizar y reforzar los SPPE y reorientar las políticas activas, ha optado por una actitud de resignación, de cesión a la iniciativa privada, algo que resulta preocupante, máxime en una época de desempleo como la actual.
El sindicato duda, además, que el Gobierno pueda poner en marcha los mecanismos necesarios para controlar y regular la actuación de las agencias privadas de empleo, puesto que si no hay recursos, ni humanos, ni materiales, la pregunta es cómo va a hacer ese control o regulación. Por eso, UGT venía planteando que cualquier proceso de dar entrada a las agencias de empleo tenía que pasar, en primer lugar, por reforzar los Servicios Públicos, algo que no se hace.
UGT critica también algunos de los aspectos más lesivos de esta intermediación, como que se dé competencia y facultad a las agencias privadas de empleo de poder retirar la prestación por desempleo o abrir la vía para que puedan actuar en los sectores de riesgo. Esta última medida, en el caso de las ETTs, es especialmente preocupante por el alto índice de accidentes de trabajo en nuestro país y la interrelación probada entre temporalidad, precariedad y siniestralidad laboral. Una medida precipitada y errónea y planteada al revés. En lugar de negociar con los interlocutores sociales, el Gobierno aprueba, a través del decreto ley, eliminar la exclusión para los sectores de riesgo y luego da un aparente proceso de negociación de 6 meses, aunque la decisión ya está tomada.
Pero la intermediación privada va más allá. Se podría pretender abrir, en abierta colisión con la Constitución y con los principios que informan el derecho público, el campo de actuación en el sector público, una cuestión también alarmante, especialmente, en un periodo en el que se está recortando el empleo público y el tope de reposición de vacantes sólo es del 10%.
Por último, UGT denuncia que en la mesa de negociación sólo se había planteado analizar el papel de las agencias privadas con ánimo de lucro dentro de la intermediación, pero los sindicatos no han conocido hasta la aprobación del Real Decreto-ley esta regulación tan detallada y exhaustiva.
http://www.ugt.es/actualidad/2010/junio/a27062010.html
